A sus 74 años, Juan Rivera —nombre ficticio— padecía problemas de circulación, por lo que fue llevado al hospital donde quedó abandonado una vez dado el alta, y a la espera de ser relocalizado en un hogar de cuidado. Ningún familiar lo reclamó.
Dos semanas después de su muerte, el Departamento de la Familia se comunicó con la institución hospitalaria para informar la disponibilidad de una vivienda para el septuagenario.
Según datos del Departamento de la Familia provistos a EL VOCERO, en lo que va de año calendario, los hospitales públicos y privados de la Isla han radicado 709 reclamaciones en la agencia. Entre los años 2017 y 2018, el número de casos fue 285.
Algunos de los envejecientes abandonados en hospitales fallecen antes que el Departamento de la Familia pueda relocalizarlos, indicaron representantes de instituciones hospitalarias. En estos casos, se ven obligados a costear los gastos de sepelio, aseguró Yara Torres, trabajadora social de sala emergencia del Hospital Pavía, en Santurce.
“Lamentablemente, vamos a poner que de un 100% de los casos, nosotros solamente hemos podido sacar como un 5%. El 95% fallece en el hospital. Fallece aquí y nosotros como hospital nos tenemos que hacer cargo de las exequias fúnebres”, indicó Torres, quien lleva siete años atendiendo estos casos desde la sala de emergencias.
De acuerdo con la trabajadora social, los ancianos que corren con mejor suerte al ser relocalizados pueden estar hasta tres meses en el hospital, ocupando el espacio que requieren los nuevos pacientes para recibir tratamiento. Así han tenido hasta tres pacientes dados de alta al mismo tiempo, señaló.
“Me puede pasar cada mes o cada mes y medio que se dé un caso. He tenido hasta tres al mismo tiempo que están estables, no tienen criterios de admisión, pero están dependiente de cuidados y no tenemos familia, así que los tengo que dejar en sala de emergencia esperando por ubicación del Departamento de la Familia”, expuso Torres.
Precisó que la mayoría de los casos son hombres mayores de 60 años del área metropolitana, y que la frecuencia con la que suceden los casos de abandono ha ido aumentando desde el paso del huracán María y la llegada de la pandemia de covid-19.
“Ha ido incrementando más a raíz de los huracanes y de la pandemia. Hay muchos pacientes que tienen familiares que están en Estados Unidos, y muchos otros crearon familias, pero no fueron muy buenos padres —casi siempre son hombres— y los familiares no quieren saber nada de ellos; o simplemente, el paciente se aisló de su familia”, detalló la trabajadora social.
En Guaynabo, un trabajador social del Professional Hospital, quien pidió no ser identificado, señaló que el proceso burocrático tarda meses en resolver los casos, lo que puede desembocar en pérdida de vidas.
“Se refieren al Departamento de la Familia, pero eso es un protocolo. Dos meses y pico te pueden durar aquí. Otros se deterioran, aunque se les esté atendiendo. Esos pacientes que están tan solitos —aunque uno casi los adopta— se deprimen y otros, en lo que han venido a ubicarlos, fallecen”, relató el trabajador social.
Sobre el abandono de ancianos en los hospitales del País, el director estatal de AARP Puerto Rico, José R. Acarón, estableció que el problema es de responsabilidad social y familiar, y excluyó a los hospitales y al gobierno.
“La responsabilidad primaria es de la familia. No es culpa del hospital y no es culpa del Estado. Es de la familia, que se supone que sea la responsable y que sea la que vaya a buscarlos y los lleve a su casa y que atienda a la persona. El Estado y la institución están para dar un servicio, pero si la mitad del País se deja en los hospitales para que el Estado los recoja, es imposible”, señaló Acarón.
Expuso que AARP tramitó hace unos años una reglamentación al Departamento de Salud, que haría obligatorio que en los hospitales se registrara el nombre de un cuidador por cada paciente. No se tomó acción sobre esta propuesta, aseguró Acarón.
Por su parte, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, expuso que el problema se remonta a cuando ejercía como procurador del paciente —hasta el 2015— y enfatizó que es responsabilidad de Familia y de la procuradora de las Personas de Edad Avanzada que tomen acción en estos casos.
“Ha pasado y ha ocurrido en casos donde los envejecientes están solos y no tienen quién los cuide. Ahí, el Departamento de la Familia y la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada se deberían llamar y deberían ellos, entonces, tomar el proceso. Siempre ha ocurrido, yo como médico lo he visto y cuando era el procurador del paciente también vi varios casos”, sostuvo Mellado.
No obstante, Glenda Gerena Ríos, administradora de la Administración de Familias y Niños (Adfan) del Departamento de la Familia, indicó que todos los referidos que se han realizado en lo que va de año se han ubicado en algún hogar de cuidado prolongado.
“Se ha triplicado la cantidad de casos que están ocurriendo en los hospitales que nos están refiriendo al Departamento de la Familia. Probablemente, debe haber más, pero los que han llegado al Departamento de la Familia, se han atendido y se han ubicado. Los 709 adultos mayores están siendo subvencionados por el Departamento de la Familia”, aseguró Gerena Ríos.
Cada envejeciente que es reubicado y subvencionado por el gobierno cuesta desde $1,400 hasta $5,000 mensuales, dependiendo de las condiciones y necesidades del paciente.
Además, la administradora de Adfan sostuvo que el proceso de ubicación puede ser tan rápido como dos semanas o tan lento como tres meses. Aseguró que el fallecimiento en el proceso de ubicación se debe a condiciones médicas y no al tiempo de espera para que sean relocalizados en los hogares de cuidado.
“Si fallece, es porque tiene alguna situación o alguna condición existente que necesita un cuidado médico. Recordando que los hogares nuestros no son hospitales, son hogares de cuidado prolongado donde se les da unos servicios. Si hay algún paciente que ha fallecido en este proceso es porque se le complicó su condición médica”, subrayó Gerena Ríos.
Millonario el costo
El cuidado de los ancianos abandonados luego de que el médico firma el alta acarrea pérdidas económicas para las instituciones hospitalarias del País.
El presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales, Jaime Plá, catalogó el abandono de pacientes mayores de 60 años como un “problema social”.
Indicó que la situación incrementa los gastos operacionales de los hospitales en 12% aproximadamente, o hasta $21,000 mensuales por paciente. Los planes médicos, agregó, no cubren estos gastos, porque son pacientes dados de alta.
“Le cuesta casi igual que si fuera un paciente, porque si está adentro hay que proveerle las medicinas, hay que chequearlo, hay que proveerle comida, hay que bañarlo, etcétera. Probablemente, el costo de eso sobrepasa los $700 diarios”, expresó Plá.
A juicio del presidente de los Hospitales, la situación lleva tiempo y se ha agudizado con hasta 50 pacientes mensuales que no son recogidos en el hospital luego de firmar el alta.
“Hay dos fuentes básicas a donde nosotros vamos: una es Familia, que tiene esa responsabilidad de buscarle acomodo a esa persona, y la otra es la corte. En ambas circunstancias la experiencia no es buena. En el caso de Familia, no tienen suficientes hogares sustitutos. Cuando vamos a la corte, a veces lo que hace es decirle al hospital ‘ustedes se tienen que quedar con el paciente hasta que se resuelva el problema’”, explicó Plá.
De acuerdo con la Ley 121, artículo 10, si una persona no es recogida al ser dada de alta, el hospital —o institución en la que esté recluido el paciente— se tiene que hacer cargo hasta que sea reubicado en un hogar o la familia lo busque. Ante esta disposición legal, el hospital somete el caso al Departamento de la Familia y al Procurador de las Personas de Edad Avanzada para que tomen acción.
“Hay que entender que el hospital tiene una función de tratamiento para rehabilitar, y luego la persona se tiene que ir a otro ambiente hospitalario de menos rigor o a su vivienda. El hospital no tiene en sus facilidades, ni en su intención, tener un área de vivienda”, apuntó Plá.
Al cierre de esta edición, la oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada tramitaba una solicitud de información de este medio.
