El incremento de las deportaciones de indocumentados, principalmente de ciudadanos haitianos, tiene al Gobierno bajo el fuego cruzado de grupos nacionalistas, defensores de los derechos humanos, agencias internacionales y el gobierno de los Estados Unidos.

La crisis sociopolítica que vive Haití, recrudecida por la violencia y la anarquía que mantienen las bandas delictivas, ha puesto las alertas del Gobierno dominicano para evitar que las repercusiones de ese caos lleguen a la República Dominicana.

Por esa causa los grupos locales que defienden los derechos humanos consideran abusivas las deportaciones, argumentando el riesgo que representa vivir en estos momentos en el vecino país.

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El Gobierno se mantiene firme en la decisión de deportar a los haitianos indocumentados, pese a los reclamos de la ONU, organismo internacional que le exige a las autoridades que paren la expulsión de los referidos extranjeros en medio de la referida coyuntura.

A esas presiones se sumó la embajada de los Estados Unidos, que en un comunicado emitido el sábado alertó a los ciudadanos de su país sobre los problemas que podrían confrontar en territorio dominicano, si son confundidos con haitianos.

Según el comunicado de la embajada, en los últimos meses se han reportado retrasos, detenciones o mayores interrogatorios en los puertos de entrada, solamente por su color de piel.